El atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, no solo marcó un doloroso capítulo en la historia de Argentina, sino que también se convirtió en un caso emblemático de las dificultades y fracasos de la justicia en el país. El ataque, que mató a 85 personas, ha sido investigado durante tres décadas y sus principales responsables siguen sin ser juzgados.
El 18 de julio de 1994, a las 9.53, un coche-bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, la combinación entre nitrato de amonio, con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina.
La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. La explosión provocó la muerte de 85 personas y heridas en 151, además de destrozos en 200 metros a la redonda.
Desde entonces hubo varios juicios. El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos: el propio tribunal sostuvo que la acusación nació de un pago “espurio e ilegal” que se había ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia, luego de la declaración del primer detenido que tuvo el caso, el reducidor de autos Carlos Telleldín.
Entre 2015 y 2019, otro tribunal llevó adelante el juicio por el llamado encubrimiento a la investigación. Ahí terminó condenado el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales y el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, entre otros, además del propio Telleldín.
Irán y Hezbollah
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias claves en este caso. Por un lado confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación del ataque, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.
Además, confirmó la absolución del reducidor de autos Carlos Telleldín.
El fallo se transfomó en histórico porque en su voto el juez Carlos Mahiques sostuvo que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.
El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para la Argentina demande formalmente a Irán.
La investigación ha demostrado que los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel están ligados a la organización terrorista libanesa Hezbollah y a funcionarios del gobierno iraní.
La causa identificó a los funcionarios y agentes iraníes y libaneses que intervinieron en el ataque terrorista a la sede de la AMIA, y concluyó que son diversas y sólidas las pruebas que confirman la responsabilidad que tuvieron Hezbollah y las máximas autoridades del gobierno iraní.
La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (por entonces Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).
También figura Imad Fayez Moughnieh, quien estaba a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa y acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani.
El fallo convalida la línea de investigación del fiscal especial Alberto Nisman, quien apareció muerto en 2015.
La semana pasada el Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley para la realización de Juicios en Ausencia, que permitiría juzgar a los iraníes señalados por la Justicia argentina como responsables del brutal atentado.
Negligencia
El 14 de junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la Argentina por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento al atentado a la AMIA, ocurrido hace casi 30 años.
“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostuvo.
Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación.
Además, se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados. Frente a estas maniobras de encubrimiento, se originó un nuevo deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco ha sido ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable”.
“Por todo lo anterior, a casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. De esta forma, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación”, sostuvo la sentencia.