La explosión del 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana destruyó el edificio de Pasteur 633 en el barrio de Once con tal magnitud que se sintió en varias manzanas del centro porteño. La onda expansiva hizo estallar autos, árboles y vidrios de ventanas hasta seis cuadras a la redonda, convirtiendo el ataque en el mayor acto terrorista de la historia argentina.
El ataque dejó 85 muertos y 300 heridos, cuando una explosión destruyó completamente el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en pleno centro de Buenos Aires.
El atentado se produjo dos años después de otro ataque similar contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que había causado 22 muertos y 242 heridos en 1992. Ambos ataques formaron parte de una estrategia más amplia de terrorismo internacional que la investigación judicial logró desentrañar tras décadas de trabajo.
La investigación judicial, que abarca más de 146.000 fojas y fue calificada por la Corte Suprema como la más compleja en la historia judicial argentina, determinó que la decisión de cometer el atentado se tomó el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashhad. Durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen iraní participaron las máximas autoridades del Estado, incluido el líder supremo Alí Khamenei, quien emitió la orden ejecutiva que habilitó la operación.
Los acusados y la red de inteligencia iraní
Los diez imputados incluyen a figuras clave del aparato estatal iraní que ocuparon o siguen ocupando altos cargos gubernamentales. Además de los ya mencionados, la lista comprende a Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
La logística del atentado se ejecutó con el apoyo de una estructura de inteligencia clandestina montada en Argentina desde la década de 1980, articulada alrededor de Mohsen Rabbani y con base en la mezquita “At-Tauhíd” de Buenos Aires. Esta red, bajo cobertura diplomática, realizó tareas de espionaje, recolección de información y coordinación con agentes de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera.
El fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA sostuvo que el Estado iraní y sus representantes patrocinaron sistemáticamente las acciones armadas de Hezbollah fuera del territorio libanés desde 1979, constituyéndose en cooperadores necesarios para diversos actos de terrorismo internacional. La acusación principal es por homicidio doblemente agravado, cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.
Tres décadas de obstáculos judiciales
El caso AMIA atravesó múltiples irregularidades que prácticamente paralizaron la investigación durante años. Durante la presidencia de Carlos Menem, cuando ocurrió el atentado, la causa se vio afectada por trabas y numerosas irregularidades. El juicio que comenzó en septiembre de 2001 concluyó en 2004 con el fallo del Tribunal Oral Federal 3, que declaró nulas todas las acciones judiciales debido a graves irregularidades.
El fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado, acusó formalmente a Irán de organizarlo y a Hezbollah de ejecutarlo, lo que llevó a Interpol a emitir las órdenes de detención para los funcionarios iraníes. En 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la firma de un memorándum con el gobierno iraní que incluía la creación de una Comisión de la Verdad para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con órdenes de captura.
En enero de 2015, Nisman denunció a Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios por supuestamente ocultar la implicación de los sospechosos iraníes. Días antes de presentarse en el Congreso para ampliar la denuncia, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.
En abril de 2024, la Justicia argentina dictó una sentencia histórica al declarar a Irán como “Estado terrorista“, responsable de un delito de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que ese país planificó el ataque, ejecutado por Hezbollah.
Próximos pasos procesales
Ahora, tras más de tres décadas de impunidad, la causa AMIA dio un paso judicial histórico cuando a fines de junio el juez federal Daniel Rafecas ordenó por primera vez en Argentina la aplicación del juicio en ausencia para los diez acusados.
La medida judicial responde a un pedido formal del fiscal Sebastián Basso quien solicitó que se aplique esta figura legal excepcional a los diez acusados de nacionalidad iraní y libanesa que permanecen prófugos desde hace casi dos décadas. El magistrado sustentó su resolución de 148 páginas en la reciente reforma al Código Procesal Penal, aprobada por el Congreso de la Nación a instancias de un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que habilita el juicio en ausencia para delitos graves contemplados en el Estatuto de Roma.
La causa avanza, pero aún no hay fecha del juicio. Mientras tanto, la sociedad argentina y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA aguardan que, tras más de treinta años de impunidad, el proceso judicial avance hacia el esclarecimiento de uno de los crímenes más graves de la historia reciente del país.