La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por no haber adoptado medidas suficientes para prevenir el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas.
Según el fallo de la Corte, se consideró responsable a Argentina por “no haber cumplido con su deber de investigar con debida diligencia y dentro de un plazo razonable el atentado y su encubrimiento.”
En el fallo, se destacó que Argentina no garantizó un acceso real a la documentación sobre el atentado, lo cual ha sido un factor clave en la falta de justicia para los afectados.
La CIDH también denunció una violación al derecho a la verdad, detallando que hubo “múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento.”
Este fallo llega 30 años después del ataque en el que un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de la sede de la AMIA, causando la muerte de 85 personas y heridas a 151 más. Las investigaciones iniciales para esclarecer los hechos enfrentaron diversas irregularidades, y se encontró que agentes estatales participaron en maniobras para construir falsamente hipótesis acusatorias, impidiendo así que se llegara a los verdaderos responsables.
La sentencia también destaca las dificultades que enfrentaron los familiares de las víctimas para acceder a la información sobre el caso. La asociación civil Memoria Activa, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsaron una demanda internacional en 1999, acusando al Estado argentino de privarles de justicia en la investigación del atentado.
La CIDH subrayó que “el Estado argentino no cumplió con su obligación de proporcionar un acceso real y adecuado a la documentación pertinente,” una omisión que ha dificultado notablemente la búsqueda de justicia. Además, la Corte señaló la “responsabilidad directa del Estado en las maniobras de encubrimiento”, las cuales incluyeron la participación de magistrados, policías y otros agentes de seguridad.
La sentencia también revela que durante la investigación y desarrollo del caso, hubo un abandono deliberado de ciertas líneas de investigación cruciales. Según la CIDH, esto favoreció el encubrimiento y contribuyó a que la verdad histórica del atentado siga siendo elusiva.
Este ataque no fue el primero contra la comunidad judía en Argentina. En 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires también fue blanco de un atentado terrorista que resultó en 29 muertos y numerosos heridos. Ambos eventos han dejado una marca indeleble en la sociedad argentina y particularmente en la comunidad judía.