Estados Unidos lidera las gestiones en el Consejo de Seguridad de la ONU para facilitar el envío de una fuerza multinacional a la Franja de Gaza, una propuesta que surge tras el reciente acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La iniciativa, detallada por The Times of Israel, busca dotar de respaldo legal internacional a la operación, requisito indispensable para que varios países puedan comprometer tropas o recursos en la zona bajo el marco de la legalidad.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, explicó durante su viaje diplomático por Oriente Próximo que las leyes vigentes en numerosos países requieren una resolución internacional clara antes de poder sumarse a acciones militarizadas en el extranjero: “Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren”.
Washington ha conformado un equipo técnico y diplomático encargado de liderar las negociaciones multilaterales y coordinar los requerimientos particulares de cada nación que valore su integración a la misión, lo que muestra el objetivo de lograr una cobertura jurídica que permita la mayor participación posible.
El despliegue de la fuerza multinacional será uno de los asuntos centrales de la reunión prevista para celebrarse en Qatar el próximo domingo. Delegaciones internacionales, entre ellas la estadounidense, evaluarán los mecanismos y condiciones para que la fuerza esté legitimada completamente por el derecho internacional y actúe bajo mandato explícito de la ONU. La reunión pretende avanzar en los acuerdos técnicos sobre la composición, el alcance y el apoyo logístico y financiero de la operación, elementos considerados fundamentales en la fase posterior al alto el fuego.
La resolución promovida por Estados Unidos busca sortear los obstáculos legales internos que enfrentan los países aliados. La ausencia de un aval colectivo de la ONU podría retrasar o incluso impedir la participación de ciertos miembros de la coalición en la misión multinacional. Por este motivo, Washington considera esencial que la fuerza cuente con un mandato internacional, asegurando así tanto la legitimidad de la intervención como la protección jurídica a los gobiernos y al personal desplegado.
El modelo planteado prevé que la fuerza multinacional cumpla tanto con estándares internacionales de legalidad como con las condiciones establecidas por cada país participante, en línea con el reciente acuerdo de paz alcanzado en Gaza.