En una sentencia histórica, el Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó por unanimidad que el Gobierno debe alistar en el ejército a los jóvenes ultraortodoxos. El fallo pone fin a la legislación que rigió durante décadas en la que los varones religiosos quedaban eximidos del servicio militar obligatorio.
El Tribunal dictaminó que una decisión gubernamental de junio de 2023 por la que se ordenaba al ejército que no comenzara a reclutar a los varones ultraortodoxos que cumplieran los requisitos -después de que expirara la ley que permitía las exenciones generales del servicio militar- era ilegal, y que el Gobierno debía, por tanto, trabajar activamente para sumar reclutas ultraortodoxos a las Fuerzas de Defensa de Israel.
El fallo también prohibió permanentemente al Estado financiar yeshivás – casas de estudio ultraortodoxas – para los alumnos que estudian en ellas en lugar del servicio militar, afirmando que esos fondos estaban vinculados a los términos de las exenciones del servicio de las FDI que ahora ya no existen.
La decisión del Tribunal Supremo significa que, tras décadas de controversias y luchas políticas y sociales en torno a esta cuestión, los jóvenes ortodoxos tendrán la obligación legal de unirse a sus compañeros israelíes y servir en el ejército.
Esta nueva realidad se ha producido en gran medida debido a la confluencia de dos acontecimientos importantes: la expiración de la ley original que permitía exenciones generales del servicio y el cataclismo del atentado de Hamas del 7 de octubre y sus consecuencias, que puso de relieve la necesidad de las FDI de más mano de obra.
Aunque en teoría el Gobierno podría volver a imponer las exenciones, hacerlo sería políticamente difícil, puesto que varios diputados del partido Likud, del primer ministro Netanyahu, ya han dicho que no votarán a favor ya que el país está inmerso en combates activos en numerosos frentes.
Tomando nota del enorme número de jóvenes ortodoxos exentos hasta ahora del servicio militar, unos 63.000, el Tribunal escribió: “La no aplicación de las disposiciones de la Ley del Servicio de Seguridad crea una grave discriminación a los que están obligados a servir“. “En estos días, en medio de una guerra severa, la carga de la desigualdad es más aguda que nunca, y requiere una solución sostenible a esta cuestión”, agregó el fallo.
En su decisión, el Tribunal Superior declaró que la resolución de junio de 2023 por la que se retrasaba el alistamiento de los estudiantes ortodoxos había excedido la autoridad del gobierno y era ilegal. “Determinamos que no hay base legal para evitar el reclutamiento de estudiantes de yeshivá en este momento; que el Estado debe actuar para hacer cumplir la Ley del Servicio de Seguridad a los estudiantes y que no hay autoridad legal para seguir transfiriendo el apoyo financiero a estos estudiantes”, dictaminó el tribunal.
En este sentido, el fallo declaró explícitamente en su sentencia que el Estado está ahora obligado a reclutar a los estudiantes ultraortodoxos, escribiendo que el Gobierno debe “actuar para hacer cumplir la Ley del Servicio Militar” ahora que ya no existe un marco legal para eximirlos del reclutamiento obligatorio.