El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, informó oficialmente este lunes a las Naciones Unidas que Israel se retira del acuerdo de 1967 por el que se reconoce a la agencia palestina de refugiados – la UNRWA -, después de que el Parlamento israelí aprobara una ley para limitar las operaciones de la agencia en Cisjordania y en la Franja de Gaza.
El Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jacob Blitshtein, envió la carta al Presidente de la Asamblea General de la ONU, el camerunés Philemon Yang, informándole que “Israel continuará trabajando con socios internacionales, incluidas otras agencias de las Naciones Unidas, para garantizar la facilitación de ayuda humanitaria a los civiles de Gaza de forma que no se socave la seguridad de Israel”. La carta agregó que “Israel espera que las Naciones Unidas contribuyan y cooperen en este esfuerzo”.
La semana pasada, la Knesset aprobó un proyecto de ley que prohíbe a la UNRWA operar desde territorio israelí y prohíbe a las agencias gubernamentales israelíes trabajar con el organismo, acusado de tener miembros que participaron en la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre del año pasado en el sur de Israel. El proyecto de ley entrará en vigor dentro de tres meses.
“La UNRWA – la organización cuyos empleados participaron en la masacre del 7 de octubre y muchos de cuyos empleados son operativos de Hamas – es parte del problema en la Franja de Gaza y no parte de la solución”, dijo el canciller Katz. “A la ONU se le presentaron un sinfín de pruebas sobre los operativos de Hamas que trabajaban en la UNRWA y sobre el uso de las instalaciones de la UNRWA con fines terroristas y no se hizo nada al respecto“, agregó.
Katz también señaló que sólo el 13% de la ayuda a Gaza pasa actualmente por la UNRWA, y argumentó que la idea de que no hay alternativa a la UNRWA es una ficción.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, acogió con satisfacción la medida del lunes, criticando a la ONU por no tomar medidas después de que Israel presentara pruebas de la infiltración de Hamas en la agencia de refugiados. “El Estado de Israel seguirá cooperando con organizaciones humanitarias, pero no con organizaciones que promueven el terrorismo contra nosotros”, escribió Danon en X.
La legislación ha alarmado a Naciones Unidas y a algunos de los aliados occidentales de Israel, que temen que empeore aún más la ya grave situación humanitaria en Gaza, donde Israel lucha contra los terroristas de Hamas desde que perpetraron la masacre del 7 de octubre de 2023. Aunque Israel ha trabajado para limitar gradualmente el papel de la UNRWA en la entrega de ayuda humanitaria, en favor del Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y otras agencias, la UNRWA sigue estando muy involucrada en la operación humanitaria de la Franja, gestionando refugios, clínicas y almacenes.
Y a pesar de las promesas del primer ministro Benjamín Netanyahu y del Ministerio de Asuntos Exteriores de garantizar que el flujo de ayuda se mantenga ininterrumpido, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y de UNICEF han declarado que no podrían cubrir el vacío que quedaría cuando la UNRWA tuviera que reducir o interrumpir sus operaciones en Gaza.
Israel mantiene desde hace tiempo una relación combativa con la UNRWA, a la que acusa de haber perpetuado la crisis de los refugiados palestinos al permitir que el estatuto se transmita de generación en generación. La frustración con la UNRWA en Jerusalén ha aumentado en la última década a medida que Israel ha encontrado al grupo terrorista Hamas, que gobierna en Gaza, incrustado en la infraestructura de la agencia. Israel ha alegado que el 10% del personal de la agencia de la ONU tiene vínculos con Hamas, acusación que la agencia ha negado.
Antes de la aprobación de la legislación, la UNRWA confirmó que un comandante de Hamas muerto en un ataque israelí, que dirigió el asesinato y secuestro de israelíes en un refugio de bombas al borde de la carretera cerca de Kibbutz Re’im el 7 de octubre del año pasado, había sido empleado de la agencia desde julio de 2022. En este contexto, los dos proyectos de ley se tramitaron rápidamente en la Knesset, con el patrocinio tanto de legisladores de la coalición gobernante como de la oposición.