Las tensiones en Yemen aumentaron tras el asalto de fuerzas hutíes a instalaciones de Naciones Unidas en Saná y Hudeida, donde al menos once empleados fueron secuestrados y se confiscaron bienes de la organización.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, condenó enérgicamente la situación. “Condeno enérgicamente la nueva ola de secuestros de personal de la ONU hoy en Saná y Hudeida, así como la entrada forzada en las instalaciones de la ONU y la incautación de bienes de la organización. Al menos 11 miembros del personal de la ONU fueron secuestrados”, afirmó Grundberg, exigiendo su liberación inmediata y sin condiciones.
Entre las agencias afectadas se encuentra el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que confirmó el secuestro de uno de sus integrantes en Saná. Una portavoz calificó la situación como “inaceptable” y alertó que estos hechos comprometen la capacidad de asistir a millones de yemeníes en inseguridad alimentaria. La OMS y UNICEF también informaron sobre la desaparición forzada de parte de su personal.
La relación entre los hutíes y la comunidad internacional humanitaria se ha deteriorado profundamente en los últimos dos años. De acuerdo con Human Rights Watch, hacia finales de 2024 al menos diecisiete empleados de Naciones Unidas y decenas de activistas de la sociedad civil fueron secuestrados sin órdenes judiciales, incomunicados durante meses y sometidos a tratos que violaban estándares fundamentales de derechos humanos. Algunos siguen desaparecidos, lo que provoca una alarma creciente.
En junio de este año, la ONU y varias ONG exigieron, mediante un comunicado conjunto, la liberación de veintitrés empleados de la organización y cinco de organismos no gubernamentales internacionales, algunos retenidos desde hacía más de doce meses. Ese mismo documento confirmó la muerte bajo custodia de un miembro de la ONU y otro de Save the Children, lo que expone la gravedad extrema de la crisis en el país.
La muerte reciente de otro empleado del Programa Mundial de Alimentos en prisión llevó a la suspensión de operaciones humanitarias en buena parte del norte de Yemen. Naciones Unidas denunció la ausencia de explicaciones y exigió que los responsables respondieran ante la justicia. Este nuevo episodio amenaza con paralizar los escasos servicios de asistencia que aún permanecían activos en las zonas controladas por los hutíes.