La Asamblea General de Emergencia de la ONU aprobó incorporar al Estado de Palestina como miembro pleno por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones. La resolución insta al Consejo de Seguridad a que reconsidere la solicitud palestina de convertirse en el miembro 194 de las Naciones Unidas.
La resolución concede nuevos “derechos y privilegios” a los palestinos. Según la Carta de las Naciones Unidas, los futuros miembros de la ONU deben ser “amantes de la paz”, y el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión a la Asamblea General para su aprobación final. Palestina se convirtió en Estado observador no miembro de la ONU en 2012.
Estados Unidos vetó el 18 de abril una resolución del Consejo ampliamente respaldada que habría allanado el camino para la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas, un objetivo que los palestinos persiguen desde hace tiempo e Israel se ha esforzado por impedir.
El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dejó claro el jueves que el gobierno de Biden se opone a la resolución de la asamblea. “Hemos sido muy claros desde el principio en que hay un proceso para obtener la condición de miembro de pleno derecho. La mejor manera de garantizar la plena adhesión de Palestina a la ONU es hacerlo a través de negociaciones con Israel. Esa sigue siendo nuestra posición”, dijo Wood el jueves.
Pero a diferencia del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de 193 miembros no hay vetos. Ahora se espera que los Estados Unidos vuelva a vetar la resolución en el Consejo de Seguridad, en medio de las tensiones entre Biden y Netanyahu por la amenaza del Presidente estadounidense de suspender el envío de armas a Israel por su invasión a Rafah.
El proyecto de resolución determina que el Estado de Palestina está cualificado para ser miembro, dejando de lado el requisito de que a juicio de la Asamblea General es “un Estado amante de la paz”.
El borrador original de la resolución de la asamblea se modificó significativamente para abordar las preocupaciones no sólo de Estados Unidos, sino también de Rusia y China. El primer borrador habría conferido a Palestina “los derechos y privilegios necesarios para garantizar su participación plena y efectiva” en las sesiones de la asamblea y en las conferencias de la ONU “en pie de igualdad con los Estados miembros”.
Según los diplomáticos, a Rusia y China, que apoyan firmemente el ingreso de Palestina en la ONU, les preocupaba que la concesión de la lista de derechos y privilegios detallada en un anexo de la resolución pudiera sentar un precedente para otros aspirantes a miembros de la ONU, con Rusia preocupada por Kosovo y China por Taiwán.
En virtud de la legislación vigente en el Congreso estadounidense, Estados Unidos está obligado a suspender la financiación de los organismos de la ONU que concedan la condición de miembro de pleno derecho a un Estado palestino, lo que podría suponer la suspensión de las cuotas y contribuciones voluntarias a la ONU de su mayor contribuyente.
El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, condenó la votación a favor de Palestina. “Hoy van a promover un estado terrorista palestino. Esta semana se recordó al Holocausto, y precisamente esta semana, ustedes han decidido honrar a los terroristas modernos. Cómo pueden estar tan ciegos”, declaró Erdan.
El proyecto de Resolución que se trató en la Asamblea General de Emergencia fue copatrocinado por más de 40 países, entre los que se encuentran Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Nicaragua, China y España, entre otros. Argentina fue el único país latinoamericana que votó en contra.
La lista final de derechos y privilegios del proyecto de anexo incluye conceder a Palestina el derecho a hablar sobre todos los temas, no sólo los relacionados con los palestinos, el derecho a proponer puntos del orden del día y a responder en los debates, y el derecho a ser elegidos como miembros de la Mesa de los principales comités de la Asamblea. Además, otorgaría a los palestinos el derecho a participar en las conferencias internacionales y de la ONU convocadas por ésta, pero suprime el “derecho de voto” que figuraba en el proyecto original.