La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina determinó que los atentados perpetrados contra la embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994 fueron acciones coordinadas por la República Islámica de Irán y ejecutadas por la organización terrorista Hezbollah.
Este dictamen abre la puerta para que el país sudamericano pueda demandar formalmente a Irán ante instancias internacionales.
Según los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, esta resolución marca un precedente relevante, al cumplirse próximamente 30 años del ataque a la AMIA, calificándolo además como un crimen de lesa humanidad.
La decisión judicial desentrañó que tanto el ataque a la embajada como el atentado a la AMIA respondieron a objetivos políticos y estratégicos vinculados con la cancelación por parte de Argentina de contratos de provisión de material y tecnología nuclear a Irán.
Esto, de acuerdo a los magistrados, incitó al gobierno iraní a planificar estos actos terroristas como medidas de coacción. La sentencia enfatiza la importancia de avanzar en la investigación y de definir políticas públicas para combatir y prevenir el terrorismo, además de instar a una mejor administración de la documentación desclasificada relacionada con estos hechos terroríficos.
El fallo reitera la necesidad de acelerar la tramitación de las causas conexadas a estos atentados y señala directamente a Hezbollah y a altos funcionarios de la República Islámica de Irán como responsables de la organización y financiación de los mismos.
Entre los nombrados se encuentran Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Hadi Soleimanpour e Imad Fayez Moughnieh.
El fallo también aborda los errores y las demoras en la investigación inicial, criticando la gestión del exjuez Juan José Galeano y de otros funcionarios involucrados en el proceso, cuyas acciones llevaron a la alteración del curso de la justicia.
Además, este dictamen ratifica la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido por la causa AMIA, debido a la insuficiencia de pruebas que lo vinculen directamente con el atentado. No obstante, confirma la mayoría de las condenas a quienes cometieron graves irregularidades al inicio de la investigación, modificando las penas en algunos casos y las calificaciones de los delitos en otros.
La sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal no solo recuerda al mundo el trágico impacto de estos atentados en Argentina, sino que también resalta el cometido internacional en la lucha contra el terrorismo, marcando un hito en el enfrentamiento contra la impunidad y la necesidad de buscar justicia para las víctimas y sus familias.